Una vez más el Gobierno de la Junta de Andalucía hace una norma pionera, esta vez abriendo el debate nacional sobre el derecho a morir dignamente, con la aprobación por unanimidad del pleno del Parlamento Andaluz de la Ley andaluza de Dignidad ante al Proceso de Muerte. El objetivo de esta ley es generar un marco normativo que ofrezca seguridad jurídica a los profesionales y, sobre todo, que garantice el derecho de los ciudadanos a una muerte digna teniendo en cuenta los siguientes apartados: limitación de esfuerzo terapéutico, rechazo de tratamiento, sedación paliativa, suspensión de atención médica por fallecimiento, cuidados paliativos, o testamento vital. Esta Ley reconoce una serie de derechos de los pacientes, entre ellos:

El derecho a acceder a cuidados paliativos integrales de alta calidad, proporcionados en un centro sanitario o preferentemente en su domicilio; a fallecer en su propio domicilio si así lo desean, sin menoscabo de la calidad de la atención sanitaria recibida; a recibir información adecuada y comprensible respecto al diagnóstico, pronóstico y tratamientos posibles de su enfermedad. El derecho a participar activamente en el proceso de toma de decisiones respecto a cualquier aspecto de su proceso de enfermedad o muerte; a rechazar cualquier tratamiento, aunque ello suponga el acortamiento de su vida; a declarar sus valores y preferencias de tratamiento mediante la cumplimentación de un testamento vital, para que sean tenidas en cuenta cuando sea incapaz de decidir por sí mismo. También recoge el derecho a que no se prolongue su vida utilizando tratamientos de soporte vital cuando su aplicación sólo prologan la vida biológica y no aumenta las probabilidades de recuperación funcional con un mínimo de calidad de vida. El derecho recibir un tratamiento adecuado del dolor o el derecho a recibir alivio espiritual. Además podrá recibir sedación paliativa, que siempre debe ser realizada de forma técnicamente correcta y contando con el consentimiento informado del paciente o su representante y podrá estar acompañados por sus seres queridos durante el proceso de atención sanitaria. Se protegerán los datos personales del paciente que se halla en proceso de muerte.

(En la foto la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero).