¿Podrían los 14 jueces del CGPJ mantener la mirada del padre de Mari Luz, tras la sanción impuesta al Juez Tirado?.
Los socialistas hemos manifestado nuestro total desacuerdo con la resolución adoptada por el Consejo General del Poder Judicial. Como ha manifestado mi compañero Álvaro Cuesta, Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía y Presidente de la Comisión de Justicia de Congreso, el CGPJ no ha estado a la altura de las circunstancias dando, una parte de sus miembros, una imagen penosa de debilidad y corporativismo. Ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido.
Con esta resolución, el CGPJ ha demostrado ser rehén de la asociaciones judiciales y del corporativismo. Parece un órgano subordinado a las asociaciones judiciales y ha olvidado que su legitimidad proviene del Parlamento y de la Constitución. Las asociaciones judiciales y el Consejo han demostrado que están asustados por la amenaza de huelga de un sector de la judicatura y que están más preocupados por su implantación asociativa que por la imagen de la Justicia.
También el Secretario de Ciudades y Política Municipal y diputado socialista, Antonio Hernando, ha opinado del tema y ha anunciado que desde el PSOE somos partidarios de impulsar una reforma del régimen disciplinario de los jueces, para que, en el futuro, no se vuelvan a repetir casos como el que ha llevado a los miembros del CGPJ a ratificar la sanción de 1.500 euros al juez Tirado.
Desde el Grupo Socialista formalizamos esta semana la petición de comparecencia en el Congreso del presidente del CGPJ, para que informe sobre Política Disciplinaria del Consejo y de inspección de los Tribunales. Queremos que el Presidente del Consejo, Carlos Dívar explique cuál es la razón por la que éste órgano ha considerado el hecho como grave, cuando con la actual norma era perfectamente posible calificarlo de “muy grave”. Se trata de saber por qué no le pusieron una sanción superior, de suspensión, que es la más justa y adecuada.
Es normal que la gran mayoría de la ciudadanía española esté indignada por la decisión del Consejo. Se entiende que la independencia es una prerrogativa de los jueces, pero también debe ser una garantía para los ciudadanos y, en éste caso, más que la independencia, lo que ha pesado en la mayoría de los jueces del Poder Judicial es una actitud corporativista y gremialista.
Los socialistas hemos manifestado nuestro total desacuerdo con la resolución adoptada por el Consejo General del Poder Judicial. Como ha manifestado mi compañero Álvaro Cuesta, Secretario Ejecutivo de Libertades Públicas y Derechos de Ciudadanía y Presidente de la Comisión de Justicia de Congreso, el CGPJ no ha estado a la altura de las circunstancias dando, una parte de sus miembros, una imagen penosa de debilidad y corporativismo. Ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido.
Con esta resolución, el CGPJ ha demostrado ser rehén de la asociaciones judiciales y del corporativismo. Parece un órgano subordinado a las asociaciones judiciales y ha olvidado que su legitimidad proviene del Parlamento y de la Constitución. Las asociaciones judiciales y el Consejo han demostrado que están asustados por la amenaza de huelga de un sector de la judicatura y que están más preocupados por su implantación asociativa que por la imagen de la Justicia.
También el Secretario de Ciudades y Política Municipal y diputado socialista, Antonio Hernando, ha opinado del tema y ha anunciado que desde el PSOE somos partidarios de impulsar una reforma del régimen disciplinario de los jueces, para que, en el futuro, no se vuelvan a repetir casos como el que ha llevado a los miembros del CGPJ a ratificar la sanción de 1.500 euros al juez Tirado.
Desde el Grupo Socialista formalizamos esta semana la petición de comparecencia en el Congreso del presidente del CGPJ, para que informe sobre Política Disciplinaria del Consejo y de inspección de los Tribunales. Queremos que el Presidente del Consejo, Carlos Dívar explique cuál es la razón por la que éste órgano ha considerado el hecho como grave, cuando con la actual norma era perfectamente posible calificarlo de “muy grave”. Se trata de saber por qué no le pusieron una sanción superior, de suspensión, que es la más justa y adecuada.
Es normal que la gran mayoría de la ciudadanía española esté indignada por la decisión del Consejo. Se entiende que la independencia es una prerrogativa de los jueces, pero también debe ser una garantía para los ciudadanos y, en éste caso, más que la independencia, lo que ha pesado en la mayoría de los jueces del Poder Judicial es una actitud corporativista y gremialista.
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