martes, 17 de febrero de 2009

DEBATE EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA.


La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso ha rechazado hoy la iniciativa del PP de pedir la anulación de los valores catastrales del municipio de Jerez. Se ha rechazado porque la proposición no de ley no sólo no es aceptable desde una perspectiva de conveniencia u oportunidad política sino que además, y esto es lo más importante, de aprobarse nos conduciría a una infracción directa de las normas que regulan la fijación de los valores catastrales, así como de las reglas que determinan los supuestos de nulidad y revocación de los actos administrativos en materia tributaria.

Un jerezano puede estar de acuerdo o no con la valoración catastral, pero la Ley dice que en el momento en que se aprueba la ponencia de valores, el único camino que le queda es presentar sus reclamaciones a título particular, como se está haciendo.
En la ponencia ha habido errores de “forma”, pero no de “fondo”, ya que la valoración de la misma ha sido ratificada por cuatro empresas independientes.
He querido denunciar en esta comisión el engaño y la manipulación que el PP somete a los ciudadanos. Porque los populares saben que la anulación de la ponencia no la podía aprobar el Congreso, primero porque no estamos facultados para ello y segundo estaríamos incumpliendo un procedimiento administrativo e iríamos en contra de la propia Ley. En todo caso, en vez de instar al Gobierno a anular una ponencia, si no están de acuerdo con lo que fija la legalidad, lo que deben proponer es el cambio de la Ley que ellos mismos hicieron. Para ello hay otras fórmulas parlamentarias que no es la proposición no de ley que hoy han presentado.
¿Cómo se puede pedir en el Congreso, sede del poder legislativo, a las personas que aprobamos las leyes que no respetemos las mismas? De haberse aprobado la Cámara incurriría en una infracción directa de las normas que regulan la ejecución de los valores catastrales y todo el mundo entiende que el Gobierno no puede declarar nulo un acto porque lo considere conveniente u oportuno, sino que tiene que concurrir los supuestos de hecho y de derecho que determinen tal nulidad.
También extraña que el PP no haya pedido la anulación de la ponencia en aquellos ayuntamientos donde ha sucedido lo mismo y donde gobiernan su mismo partido.
En definitiva no podemos aprobar la iniciativa del PP, porque por encima de aspiraciones y deseos, hemos de respetar siempre los procedimientos legales.

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