Antonio Barrientos es noticia en todos los informativos y periódicos por su presunta implicación en una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de licencias de obras. Todos los medios lo tratan como noticia destacada. Eso no se ha hecho con otros cargos públicos, sobre todo con dirigentes del PP, como el alcalde de Totana, el caso Fabra, el alcalde de Torrevieja, etc… A pesar de que la forma de actuar de los partidos es diferente, el PSOE los expulsa, el PP los mantiene en sus cargos y los ampara.
No es una casualidad que desde la pasada Legislatura estén aflorando escándalos urbanísticos en España. Si están saliendo ahora a la luz es porque este Gobierno está persiguiendo, como no se había hecho antes, estas prácticas y porque ha decidido poner todos los medios que sean necesarios para detectar y acabar con la especulación, las irregularidades y el fraude.
Después de años en los que se dejó hacer, ahora se planta cara a todos aquellos que quieran aprovecharse de las instituciones para enriquecerse ilegalmente.
Esta manera de actuar contrasta con la de un Partido Popular que mantiene en sus cargos públicos a decenas de imputados por escándalos urbanísticos. Así lo demuestran casos como:
TOTANA (Murcia): José Martínez Andreo, del PP, fue detenido junto a seis personas más por el presunto pago de cantidades millonarias a cambio de favores urbanísticos en la tramitación del Plan de Ordenación Urbana del municipio. Continúa siendo alcalde y cuenta con el respaldo del Partido Popular.
CASO FABRA: Carlos Fabra (PP) tiene abiertos varios procesos judiciales, aunque mantiene todos los cargos en el PP de Castellón, recibiendo en todo momento el apoyo de la dirección de su partido.
CASO FAYCÁN: Francisco Valido (PP), primer edil de Telde (Gran Canaria) A varios miembros de su equipo de gobierno se les atribuye presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Valido cuenta con el respaldo de la dirección del PP
TORREVIEJA (Alicante): Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), alcalde de Torrevieja, sigue en su cargo y optó a su quinta reelección pese a que, en ese momento, ya estaba imputado por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
ALHAURÍN EL GRANDE (Málaga): el regidor Juan Martín Serón y el concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en la primera fase de la “Operación Troya” contra la trama de corrupción de esta localidad. Se le decretó prisión eludible bajo fianza y se les imputaron delitos de cohecho y prevaricación. A pesar del escándalo no fueron apartados de su partido y concurrieron en las lista del PP en las últimas elecciones municipales. Serón sigue siendo alcalde de Alhaurín.
Como se puede comprobar no es lo mismo el PP que el PSOE ante la corrupción urbanística. PSOE: tolerancia cero con los corruptos.
No es una casualidad que desde la pasada Legislatura estén aflorando escándalos urbanísticos en España. Si están saliendo ahora a la luz es porque este Gobierno está persiguiendo, como no se había hecho antes, estas prácticas y porque ha decidido poner todos los medios que sean necesarios para detectar y acabar con la especulación, las irregularidades y el fraude.
Después de años en los que se dejó hacer, ahora se planta cara a todos aquellos que quieran aprovecharse de las instituciones para enriquecerse ilegalmente.
Esta manera de actuar contrasta con la de un Partido Popular que mantiene en sus cargos públicos a decenas de imputados por escándalos urbanísticos. Así lo demuestran casos como:
TOTANA (Murcia): José Martínez Andreo, del PP, fue detenido junto a seis personas más por el presunto pago de cantidades millonarias a cambio de favores urbanísticos en la tramitación del Plan de Ordenación Urbana del municipio. Continúa siendo alcalde y cuenta con el respaldo del Partido Popular.
CASO FABRA: Carlos Fabra (PP) tiene abiertos varios procesos judiciales, aunque mantiene todos los cargos en el PP de Castellón, recibiendo en todo momento el apoyo de la dirección de su partido.
CASO FAYCÁN: Francisco Valido (PP), primer edil de Telde (Gran Canaria) A varios miembros de su equipo de gobierno se les atribuye presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. Valido cuenta con el respaldo de la dirección del PP
TORREVIEJA (Alicante): Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), alcalde de Torrevieja, sigue en su cargo y optó a su quinta reelección pese a que, en ese momento, ya estaba imputado por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
ALHAURÍN EL GRANDE (Málaga): el regidor Juan Martín Serón y el concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en la primera fase de la “Operación Troya” contra la trama de corrupción de esta localidad. Se le decretó prisión eludible bajo fianza y se les imputaron delitos de cohecho y prevaricación. A pesar del escándalo no fueron apartados de su partido y concurrieron en las lista del PP en las últimas elecciones municipales. Serón sigue siendo alcalde de Alhaurín.
Como se puede comprobar no es lo mismo el PP que el PSOE ante la corrupción urbanística. PSOE: tolerancia cero con los corruptos.
3 comentarios:
LA CORRUPCION NO TIENE COLOR, LO HAGA UNO DEL PSOE O DEL PP. QUIEN LO HAGA DEBE PAGAR, NO SE PUEDE UTILIZAR EL VOTO DE LOS CIUDADANOS PARA ENRIQUECERSE. NO SE ENTIENDE COMO CUANDO SE LLEGA A ALCALDE SE TIENE UN PATRIMONIO REDUCIDO Y LUEGO EN DOS AÑOS LO MULTIPLICAN. HAY QUE INVESTIGAR, AUNQUE ESAS PROPIEDADES SE PONGAN A NOMBRES DE HIJOS. HAY MUCHO JOVENES QUE NO PUEDEN TENER HIPOTECAS Y SIN ENBARGO TIENEN PISOS A SU NOMBRE. CLARO LO ADQUIERE PAPA O MAMA ALCALDE Y LO DISIMULA PONIENDOLO A NOMBRES DE LOS HIJOS.
¿Por qué no se le hizo caso antes a la los dos concejales que denunciaron al partido lo que estaba haciendo el Alcalde?.
Buenas tardes:
Entiendo que el siguiente comentario no lo inserte en tu blog, pero los ciudadanos cada vez percibimos más claramente que los partidos son una cantera de delincuentes, si le esperara la carcel durante 20 años ninguno robaría pero saben que van a estar poco tiempo y que los ciudadanos tenemos una memoria fragil y manipulable.
Un saludo,
Juan
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